Llegan a mi mente dos historias que leí hace bastante tiempo. Pienso, primero, en el drama de Lope de Vega y Fuenteovejuna. Luego, en ese macabro y bien logrado cuento de López Albújar, titulado Ushanan hampi. Inmediatamente traslado los personajes a nuestra realidad y cambio los escenarios por los nuestros. Imagino, entonces, las cruentas escenas como sensacionalistas noticias enmarcadas en diarios y televisores. ¿Qué extraña razón nos obliga a recurrir a las historias mencionadas para satisfacer nuestra falta de justicia? ¿Seríamos felices si tomamos la justicia por nuestras propias manos? 

Al parecer, esta es una realidad inminente. Reviso cotidianamente las redes sociales y llueven, cual oraciones y plegarias de octubre, las manifestaciones para simpatizar y compartir las iniciativas ciudadanas de la campaña ‘Chapa tu choro y déjalo paralítico’. Proliferan numerosas páginas de Facebook y eventos de masacre popular que, francamente, se veían venir. No son piezas teatrales. No son novelas. No son cuentos. Son sucesos que se practican en nuestros más remotos pueblos desde hace algún tiempo, aunque hoy, se han convertido en moda. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿el ladrón por robar? ¿el ciudadano por hacer justicia por sus propios medios? ¿las autoridades y su mano blanda?

Esta novedosa difusión ha ayudado, sin duda, a que el tema salte del interior del país y llegue a la capital. Sí, en efecto, ya desde varios años el ajusticiamiento popular es noticia, acaso cotidiana, en localidades rurales de nuestra nación. Es imposible olvidar lo ocurrido hace apenas 11 años en el distrito puneño de Ilave, en donde una comunidad asesinó a golpes a su alcalde, acusándolo de corrupción. El ladrón, como advertimos, puede incluso robar elegantemente con terno y corbata. Tiemblan nuestros funcionarios públicos, ¿alguien dijo congresistas? Para buena suerte de muchos, por ahora la justicia del pueblo distingue a quién castigar, y a quién no.

La iniciativa, que ahora ocupa los titulares de los medios de comunicación y las conversaciones familiares a la hora del almuerzo, no es sino el reflejo de una creciente inseguridad ciudadana y del desinterés que las autoridades le están dando a este asunto. No es justo, pues, que los facinerosos delincuentes obren sus fechorías a vista y paciencia de vecinos, sin que estos hagan algo. Como tampoco es justo que luego de ser capturados y entregados a la comandancia policial más cercana, los vándalos queden libres por pésimas gestiones de los organismos judiciales, como lo ocurrido recientemente con la jueza Haydee Vergara quien, en un acto de frustrada caridad, dejara en libertad a 52 delincuentes acusados de saquear una casa en Lince.

La ‘deschorificación’ ha empezado, lamentablemente, a ser un fenómeno social que avanza sin tregua y sin control. Una de las defensoras de esta iniciativa, Cecilia García -de quien se ha dicho es fujimorista y piensa postular al próximo congreso- ha defendido con uñas y dientes su campaña, alegando que esta no se diferencia a grandes rasgos del arresto ciudadano, que practican las rondas urbanas y las juntas vecinales en las regiones del interior, y que es un derecho amparado en la ley. Su defensa no se aleja de la realidad. Se debe especificar que, según el Código Procesal Penal, es válido el arresto, si este se da en las próximas 24 horas luego de que el ladrón ha sido encontrado en flagrante delito y si es inmediatamente entregado a las autoridades.

Lo penoso del asunto es cuando el deseo cívico por contribuir con la seguridad se vuelve una venganza radical. En el interior, por ejemplo, es válido, pero no normado por la ley, que la localidad afectada castigue al ladrón físicamente. Es decir, que lo desnuden, que le coloquen algunos carteles con mensajes peyorativos y que le propinen ciertos golpes a manera de escarmiento. Pero ¿qué sucede si se les pasa la mano? Los involucrados pueden ir a la cárcel. Así de simple. Las penas van de 8 a 30 años, dependiendo del delito cometido en contra del delincuente, es decir, si es víctima de lesiones graves o incluso víctima de muerte.

No podemos llegar al extremismo en un país que anhela salir del subdesarrollo. Estas iniciativas, que pueden ser francas muestras de apoyo ciudadano o subliminales propuestas de deseos políticos, solo nos dicen algo: las autoridades en nuestro país han perdido el poder y somos los que estamos en la calle, los que hemos tenido que ocupar el lugar que por naturaleza social les corresponde. Espero, como víctima del robo al paso que he sido en algún momento, que nuestra realidad cambie y que los ladrones purguen la condena que legítimamente les corresponde, antes que más sangre culpable se siga derramando en nombre de la justicia que, a pesar de todo, sigue siendo ciega, sorda, y muda. En un país de salvajes, el más bruto es el rey.