Como sabemos, en una suerte de “ver lo que sale”, el gobierno ha decretado el estado de emergencia en Islay y Mollendo. La noche de ayer, el Ejecutivo, al mando del premier Pedro Cateriano, dio a conocer esta medida de fuerza con el fin de resolver los conflictos sociales y manifestaciones, en las que los agricultores del valle del Tambo han sido los protagonistas y que sin duda ha representado una “piedra en el zapato” para el gobierno de un ausente Ollanta Humala. 

Serán, a partir de hoy, 60 días en los que la zona se convertirá -a mi parecer- en una zona de guerra, un verdadero campo de batalla en la que las protestas no cesarán. Es probable que el Ejecutivo haya planteado decretar la alerta máxima en esta zona para aminorar los paros regionales que se están preparando en todo el sur del Perú para fin de mes, en contra de la operación y puesta en marcha del proyecto minero Tía María. Esta medida de fuerza se ha tomado a pesar de que se anunciara un alto al accionar de dicho proyecto y luego de que en la tarde de ayer se diera a conocer la identidad de una nueva víctima mortal de la lucha popular que se desarrolla en la zona de conflicto entre agricultores y policías, específicamente en Cocachacra, así como de muchos otros campesinos que han resultado heridos luego de los enfrentamientos.

Todo ello se desarrolla en el marco de la investigación que se ha abierto para determinar el grado de culpabilidad que tiene el alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz y sus vínculos con narcotraficantes, quienes aparentemente estarían financiando la huelga que ha cumplido ya más de 60 días. Otro hecho relevante que forma parte de las investigaciones es la captura del dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez, a quien se le escuchó en un audio aceptar dinero de un ambientalista a cambio de no levantar la huelga en Islay.

MEDIDA SIN MEDIDA

¿Declarar el estado de emergencia en la zona es la solución más idónea para el conflicto en Arequipa? Pues no lo es. Tengamos en cuenta que el gobierno enviará muchos más efectivos policiales e incluso militares al lugar del conflicto. Esto hará que los enfrentamientos se vuelvan más cruentos, se cometan más abusos y tengamos lamentables pérdidas humanas y económicas. Los campesinos requieren el diálogo y no la espalda del Ejecutivo. Quieren su palabra sobre el arma que hoy los apunta y que los obliga a retroceder. La empresa Southern Perú ha dicho que está abierta a conversar con la población que se verá afectada por el impacto ambiental, clara consecuencia de la operación de su proyecto minero; el gobierno debe de hacer lo propio. La solución no está en más violencia, sino en el diálogo. Este país sin cabeza está sangrando y nada ni nadie lo puede evitar.